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viernes, 17 de junio de 2022

Guatemala se suma a Cuba, Nicaragua y Venezuela como los mayores violadores de DDHH en Latinoamérica, según la CIDH.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el jueves que cuatro países latinoamericanos encabezan la lista de naciones con mayor acumulación de violaciones de los derechos fundamentales. A Cuba, Nicaragua y Venezuela -que en los últimos años ya encabezaban la lista- se ha sumado ahora Guatemala.

 “En dichos países se observan graves violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática (…) la CIDH reconoce la iniciativa de Guatemala para establecer una ruta de trabajo, sobre la base de un diálogo franco, con el fin de dar seguimiento a sus recomendaciones respecto de las preocupaciones observadas, así como su disposición para atender los requerimientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, dijo el organismo, con sede en Washington DC, a través de un comunicado al presentar el informe anual.

 Durante 2021, la Comisión otorgó 73 nuevas medidas cautelares, decidió ampliar otras 33 y solicitó a la Corte IDH cinco medidas provisionales, a la vez que emitió seguimiento a cuatro medidas cautelares ante el alto riesgo de las potenciales víctimas.

Según la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, "el Informe Anual contribuye con la implementación de los estándares interamericanos que transforman la vida de las personas y el quehacer de las instituciones públicas de los países de la región”.

 El Informe reitera su preocupación por tendencias en algunos países donde hay muestras de “retrocesos en el Estado de derecho y ataques o desconocimiento a la independencia judicial”, según compila el estudio.

Según la CIDH, durante el período se observó “debilitamiento de instituciones nacionales” enroladas en la defensa de derechos humanos y el consecutivo cierre de espacios democráticos y leyes e iniciativas que restringen el derecho de asociación, a la libertad de expresión, de participación y reunión pacífica, entre otras.

“Se menciona la preocupante militarización en tareas de seguridad ciudadana, así como el uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización de las protestas sociales”, explica el organismo.

También preocupan los retrocesos en el reconocimiento de derechos de las mujeres y personas de la comunidad LGBTI, además de acciones de violencia extrema por parte del crimen organizado y “la persistente desaparición de personas".

Además, según la CIDH “se señala que decenas de miles de personas migrantes y refugiadas se enfrentaron a políticas migratorias restrictivas y a situaciones de riesgo e inseguridad en las fronteras”.

Fuente: Tomás Guevara - Voz de América- Junio 2022

https://www.vozdeamerica.com/a/cuba-nicaragua-venezuela-y-guatemala-encabezan-para-cidh-la-mayor-violaci%C3%B3n-de-ddhh-en-latinoamerica/6600945.html


martes, 14 de junio de 2022

El secreto de Venezuela: Delitos contra migrantes LGBTQ+ y trabajadoras sexuales.*

“Hola, Papi, estoy en Brasil”.

Un mensaje de texto que recibí sentado en la oficina de mi casa después de casi un mes de silencio significaba que la batalla de nueve meses de Víctor Arellano acababa de ganarse. Arellano escapó de Venezuela con una bala en la columna, huyendo por terrenos violentos y traicioneros, para tener una oportunidad de sobrevivir en un lugar que no ofrece garantías de una vida mejor.

A principios del año pasado, cuando la pandemia comenzó su ataque letal en el mundo, Arellano, un hombre gay de 30 años, caminaba a casa desde la casa de un amigo al anochecer. Le dispararon a quemarropa en la cara y quedó con una bala alojada entre las articulaciones de la columna cervical que no alcanzó la médula espinal por solo milímetros.

"¿Qué quieres decir con tres hombres?" Le pregunté a Víctor en un español entrecortado en ese momento.

“Tres hombres empezaron a golpearme y a llamarme maricón”, responde. “Traté de luchar contra ellos, pero simplemente no pude. Entonces todo se volvió negro”.

En el informe policial de la noche del intento de asesinato de Arellano, dos testigos informaron haber escuchado disparos y haber visto a tres hombres salir corriendo de la casa de Arellano con su motocicleta y otras pertenencias personales. Arellano dice que la policía local, con pocos fondos y pocos recursos, le dijo que no pueden hacer un seguimiento y que es poco probable que lo hagan en el futuro.
Jesús Gómez, un refugiado venezolano homosexual que vive en Cúcuta, Colombia, se sienta después de un largo día en el hospital donde actualmente se está capacitando para ser enfermero.
El asesinato es un hecho común en Venezuela. De hecho, en 2019 se reportaron 16.500 homicidios y su tasa de asesinatos fue la más alta de América Latina: 60,3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, según el Departamento de Estado de EE. UU. Pero en la Parroquia Hernández Táchira, una tranquila comunidad evangélica donde Arellano vivió y fue baleado, la violencia no es una parte común de la narrativa local. Quiteria Franco, vocera de Unión Afirmativa, una organización que lucha por la igualdad LGBTQ+ en Venezuela, cree que Arellano fue “atacado en base a su sexualidad”. Desde entonces, se ha creado una página de GoFundMe para ayudar con las facturas del hospital de Arellano después del ataque.

Venezuela una vez lideró la carga por la aceptación LGBTQ+ en América Latina. La nación prohibió formalmente la discriminación basada en la orientación sexual en 2012, aunque existían protecciones de alguna forma desde 1996. En mayo de 2016, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una resolución que establece el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Pero fue suspendida un mes después por la Corte Suprema de Venezuela, que había sido apilada por Hugo Chávez, presidente desde 1999 hasta su muerte en 2013. Esta fue la primera de muchas resoluciones bloqueadas para la igualdad LGBTQ+, incluidos los derechos matrimoniales.

En los años siguientes, Venezuela se deterioró hasta convertirse en una nación donde, según una fuente del gobierno venezolano que desea permanecer en el anonimato, en 2019 se produjeron al menos 25.000 ejecuciones extrajudiciales, y algunas de las víctimas han sido miembros de alto perfil de la comunidad LGBTQ+. Estas personas son asesinadas simplemente por hablar en contra de su gobierno, dijo la misma fuente. Arellano se encuentra entre los miles de venezolanos LGBTQ+ que se han visto obligados a huir debido a la violencia, la pobreza extrema y la falta de acceso a necesidades básicas como vivienda, alimentación y atención médica. A medida que continúan estas condiciones, un asombroso 16 por ciento de todos los venezolanos han abandonado el país desde 2015, según un informe de la Institución Brookings. Hasta febrero, casi 5,5 millones de venezolanos vivían fuera del país,

sábado, 30 de abril de 2022

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan la personas refugiadas y migrantes venezolanas en el Caribe? *

A febrero de 2022, se estima que más de 6 millones de personas venezolanas han dejado su país en busca de nuevas oportunidades y seguridad. De ellas,  cerca de 5 millones se encuentran en países de América Latina y el Caribe, según datos de fuentes gubernamentales recolectados por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V). 

En los últimos cuatro años particularmente, se ha producido un importante aumento en la afluencia de llegadas al Caribe desde Venezuela. Está situación ha puesto en evidencia no solo los riesgos y retos que enfrentan durante su trayecto, entre los cuales se encuentran la falta de recursos financieros, el acceso a comida, la falta de seguridad, o incluso perder sus vidas,; sino también, las dificultades que afrontan en los países de acogida.  

Las barreras culturales y lingüísticas, así como la falta de acceso a servicios básicos, son algunos de los desafíos que atraviesan las personas refugiadas y migrantes de Venezuela al arribar a sus nuevas comunidades. Esto afecta sus posibilidades de integración del mismo modo que repercute su capacidad de acceder a sistemas nacionales de protección y asistencia y de ejercer sus derechos. Mujeres, niños, niñas y adolescentes han sido identificados como las poblaciones más vulnerables.  

A continuación, se mencionan cuatro de las principales dificultades que afronta la población venezolana en países del Caribe: 

1. Estigmatización y xenofobia 

El incremento en el número de personas venezolanas hacía países de la región Caribe ha estado acompañado por un notorio aumento en el número de expresiones xenófobas. En este sentido, las redes sociales y los medios comunicación se han convertido en los principales canales de difusión de mensajes y contenido(que en ocasiones fomenta la desinformación y mensajes estigmatizantes) relacionado con la movilidad humana. Esta situación ha dado lugar a la exacerbación de posturas y actitudes discriminatorias que en muchos casos resultan en acciones violentas que ponen en peligro la integridad de las personas refugiadas y migrantes. 

2. Medios de vida y subsistencia 

Una gran parte de la población venezolana y de las comunidades de acogida se ha visto afectada por las medidas de contención frente a la COVID-19 y ha perdido sus medios de vida. La inseguridad alimentaria, la malnutrición y la necesidad de una vivienda adecuada  se han convertido en las principales prioridades. Cada vez más personas refugiadas y migrantes se enfrentan a desalojos, además de no poder cubrir sus necesidades básicas. Estas preocupaciones son de por sí graves, pero son más graves aún en las zonas rurales y en las comunidades indígenas, ya que en estas zonas las personas migrantes requieren apoyo adicional a largo plazo para la producción de alimentos, alcanzar la autosuficiencia y poder acceder a los mercados.  

3. Detención y deportación 

Algunos de los principales riesgos de protección identificados para personas refugiadas y migrantes venezolanas en el Caribe están asociados a la detención y deportación y la falta de acceso a sistemas nacionales de protección debido a su situación irregular. Los requisitos de acceso a las vías de regularización existentes suelen ser difíciles de cumplir, y sigue siendo limitado el acceso a mecanismos de permanencia alternativos que tengan en cuenta las situaciones específicas y las necesidades de protección de las personas de Venezuela. 

4. Trata de personas 

Las personas de Venezuela también están en una situación de mayor riesgo de trata y de abusos relacionados con el tráfico de personas, derivados del estatus irregular de dichos viajes, una situación que se ha agravado aún más debido al cierre de fronteras debido a la COVID-19. En el caso de las personas más vulnerables, como mujeres cabeza de familia monoparental y niños, niñas y adolescentes separados y no acompañados, cada vez son más graves los riesgos de protección relacionados con la explotación, el abuso y la violencia basada en género. Estos grupos son también especialmente vulnerables ante prácticas de explotación laboral que ponen su salud y bienestar en situación de riesgo. 

El estudio sobre la situación de la protección de los refugiados y migrantes venezolanos en el Caribe ofrece una serie de recomendaciones a los gobiernos y a las organizaciones humanitarias para abordar los principales riesgos y dificultades a los que se enfrentan las personas venezolanas, al tiempo que se promueve el acceso a sus derechos. Entre estas se mencionan: 

  • Impartir formación sobre migración y derechos humanos a la policía, los funcionarios de inmigración y autoridades de asilo que contribuyan a una mejor comprensión de las necesidades de protección. 
  • Potenciar las iniciativas de intercambio cultural en las comunidades de acogida del Caribe para promover la comprensión, el entendimiento cultural mutuo y combatir la xenofobia. 
  • Poner en marcha opciones de atención alternativa para los niños/as no acompañados/as, como los hogares de acogida. 
  • Promover iniciativas de aprendizaje de inglés y papiamento entre pares de inglés y papiamento. 

Pensar en políticas y programas de inclusión e integración, donde se contemple el acceso a la documentación, la regularización, el trabajo formal, el refugio, inclusión lingüística y acceso a servicios básicos, permitiría mitigar los riesgos existentes y aportar a la protección de personas refugiadas y migrantes venezolanas en el Caribe. Pero además, este tipo de medidas también podría facilitar  que las personas refugiadas y migrantes se conviertan en motores de desarrollo de las comunidades que las acogen. 

 * Por:Carlos Escobar - Fuente: https://bit.ly/3Lz6vFs

 


domingo, 6 de marzo de 2022

Las “terapias de conversión” pueden equivaler a formas de tortura y deberían prohibirse.

Ginebra 13/07/2020 El Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, presentó su último informe ante el Consejo de Derechos Humanos y realizó un llamamiento a los Estados con miras a “colaborar para instaurar la prohibición mundial de las terapias de conversión”.

El experto añadió que estas prácticas son “inherentemente discriminatorias, crueles, inhumanas y degradantes y que, según el grado de dolor físico o mental infligido a la víctima, pueden equivaler a formas de tortura”.

El término “terapias de conversión” abarca intervenciones que tienen por finalidad cambiar la orientación sexual de una persona o su identidad de género; sus promotores afirman que estas terapias pueden transformar a las personas gays, lesbianas o bisexuales en heterosexuales, y a las personas trans o de género diverso/diferente a cisgénero, lo que significa que la identidad de género corresponde al sexo asignado al nacer.

“Los métodos de las terapias de conversión se basan en la creencia de que las personas de orientación sexual e identidad de género diversa/diferente son de alguna manera inferiores moral, espiritual o físicamente, debido a su orientación o identidad y que se ha de modificar esa orientación o identidad para solucionar esa inferioridad”, declaró Madrigal-Borloz.

En el informe que presentó ante el Consejo, el experto define las tres estrategias principales de las “terapias de conversión”: la intervención psicoterapéutica basada en la creencia de que la diversidad sexual o de género tiene su origen en una crianza o experiencia anormal; las prácticas médicas basadas en la teoría que considera que la diversidad sexual o de género es una disfunción biológica inherente; y las intervenciones basadas en la fe, que actúan bajo la premisa de que hay algo intrínsecamente maligno en la orientación o identidad de género diversas.

Madrigal-Borloz señaló los abusos físicos, psicológicos y sexuales, así como la electrocución, la medicación forzada, el aislamiento, el confinamiento, las injurias y la humillación como ejemplos de métodos aplicados para tratar de obtener la conversión.

Un método utilizado de manera recurrente es la aversión, en la cual se somete a la persona a una sensación negativa, dolorosa o angustiante mientras se le expone a un estímulo vinculado a su orientación sexual.

Las intervenciones también se basan en enfoques farmacológicos, tales como la medicación o los tratamientos de hormonas o esteroides. El experto presentó ejemplos en los que, a menudo, los individuos que fracasan de manera inevitable en la “conversión” de su orientación sexual son presionados para que se sometan a cirugía de afirmación de género, debido a la creencia de que esta puede neutralizar su orientación.

Las víctimas de las “terapias de conversión” también suelen ser sometidas a los dogmas de consejeros espirituales y a programas para curarse de su “condición”. Estos programas pueden incluir calumnias homófobas, palizas, encadenamientos, privación de alimento e incluso exorcismos.

“La práctica de las terapias de conversión no sólo es ineficaz, sino que también puede ser extremadamente dañina. Las terapias a menudo entrañan sensaciones de dolor y sufrimiento, que permanecerán durante mucho tiempo y dejarán cicatrices indelebles en la mente y el cuerpo de la persona”, añadió Madrigal-Borloz. “La combinación de los efectos de la humillación profunda y la sensación de impotencia genera sentimientos de vergüenza, culpabilidad, repugnancia de sí mismo e inutilidad, que pueden dañar la autoestima y causar cambios permanentes de personalidad”.

El experto señaló que entre los ejecutores de estos métodos de conversión figuran determinados proveedores públicos y privados de sanidad mental, organizaciones religiosas, curanderos tradicionales y agentes estatales. Las familias, los miembros de la comunidad, las autoridades políticas y otros agentes son, entre otros, los responsables de promover las presuntas terapias.

Algunos funcionarios del Estado, tales como jueces u oficiales de policía, pueden ordenar que se apliquen “terapias de conversión”, aunque estas no estén estipuladas de manera explícita en la ley. También se realizan mediante decretos gubernamentales. Madrigal-Borloz cita ejemplos de países que han adoptado planes para reducir las conductas consideradas inmorales, entre otras los comportamientos homosexuales, y promover específicamente la práctica de “terapias de conversión”, incluso a través de programas universitarios.

Para el experto, los niños y la gente joven son especialmente vulnerables a estos métodos, ya que la exposición temprana a estas intervenciones se asocia a sentimientos de ansiedad, depresión, desórdenes de estrés postraumático, ideas suicidas e intentos de suicidio.

“La decisión de someter a un niño a prácticas de conversión nunca redundará realmente en su beneficio”, dijo Madrigal-Borloz. “Los padres deben tomar decisiones sobre sus hijos bajo la premisa del consentimiento informado, que implica el conocimiento de la verdadera naturaleza de la práctica, su incapacidad para conseguir realmente una ‘conversión’ y las pruebas que apuntan cada vez más hacia la posibilidad de que su aplicación cause daños físicos y psicológicos a largo plazo”.

En 2012, la Organización Panamericana de la Salud señaló que las “terapias de conversión” no tienen justificación médica y representan una amenaza para la salud y los derechos humanos de sus víctimas, y en 2016, la Asociación Mundial de Psiquiatría llegó a la conclusión de que “no existen pruebas científicas sólidas de que se pueda cambiar la orientación sexual innata”. En 2020, el Grupo de Expertos Forenses Independiente declaró que la oferta de “terapias de conversión” es una modalidad de timo, publicidad engañosa y fraude.

 Fuente:-  https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/ConversionTherapy_and_HR.aspx 




miércoles, 9 de febrero de 2022

Violencia homofóbica y transfóbica

Violencia contra las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero 

Se han denunciado actos de violencia homofóbica y transfóbica en todas las regiones del mundo. Esos actos abarcan desde la intimidación sicológica agresiva y sostenida hasta la agresión física, la tortura, el secuestro y el asesinato selectivo. También se han reportado ampliamente casos de violencia sexual, en particular la así llamada violación “correctiva” o “punitiva”, según la cual los hombres violan a mujeres que suponen son lesbianas so pretexto de tratar de “curar” de homosexualidad a sus víctimas. 

La violencia ocurre en una variedad de entornos: en la calle, los parques públicos, las escuelas, los lugares de trabajo, los hogares privados, las prisiones y las celdas de detención de la policía. Puede ser espontánea u organizada, perpetrada por individuos desconocidos o por grupos extremistas. Una característica común de muchos de los delitos motivados por el odio contra las personas LGBT es su brutalidad: por ejemplo, las víctimas de asesinatos suelen aparecer mutiladas, severamente quemadas, castradas y con indicios de haber sido agredidas sexualmente. Las personas transgénero, especialmente las que se dedican al trabajo sexual o las que se encuentran detenidas, corren un riesgo especialmente elevado de ser víctimas de la violencia mortífera y en extremo cruel. 

La tortura y el maltrato de personas lesbianas, gay, transgénero e intersexuales también han sido ampliamente documentados. La tortura ocurre con frecuencia en los lugares de detención, donde las personas LGBT pueden ser victimizadas por los agentes de policía, los guardias de prisión o por otros detenidos mientras los agentes del Estado se hacen de la vista gorda. Algunas formas de tratamiento médico involuntario también pueden equivaler a tortura, en particular los exámenes anales de hombres gay para “probar” su homosexualidad, la esterilización no deseada de las personas transgénero y la aplicación de terapia de electroshock forzosa destinada a “cambiar” la orientación sexual de una persona.

Datos

Los datos oficiales sobre la violencia homofóbica y transfóbica son incompletos y las estadísticas oficiales escasas. Un número relativamente reducido de países cuentan con sistemas adecuados para vigilar, registrar y reportar los delitos motivados por el odio homofóbico y transgénero. Y en los países donde sí existen, las víctimas tal vez no confíen lo suficiente en la policía como para denunciarlos, mientras que la propia policía tal vez no esté suficientemente sensibilizada acerca de esos delitos para reconocer y registrar debidamente el motivo. No obstante, analizando las estadísticas nacionales que sí existen y complementándolas con la información que aportan otras fuentes, se observa una clara tendencia a la violencia generalizada y brutal, a menudo perpetrada con impunidad.

Responsabilidad del Estado 

Los Estados están obligados en virtud del derecho internacional a proteger el derecho de las personas LGBT a la vida, a la seguridad de la persona y a no ser sometido a torturas o malos tratos. Los Estados tienen la responsabilidad especial de adoptar medidas para prevenir los asesinatos motivados por el odio, las agresiones violentas y la tortura y de investigar esos delitos rápida y concienzudamente y de llevar a los responsables ante la justicia

Medidas a adoptar Los Estados deben: 

» Investigar, enjuiciar y castigar a los autores de asesinatos selectivos; 

» Promulgar leyes contra los delitos motivados por el odio a fin de disuadir la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género; 

» Establecer sistemas para registrar y denunciar los actos de violencia motivados por el odio; 

» Impartir instrucción apropiada al personal de policía, al personal de los centros de detención y a los jueces y demás personal del sector de la seguridad a fin de sensibilizarlo sobre cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género; 

» Llevar a cabo campañas de educación e información públicas para contrarrestar las actitudes homofóbicas y transfóbicas y promover los valores de la diversidad y el respeto mutuo.

Usted, sus amistades y otras personas también pueden ser factores influyentes

» Cerciórese de que Usted y las personas que lo rodeen mantengan una actitud de tolerancia cero ante cualquier forma de violencia homofóbica o transfóbica, incluido el abuso verbal agresivo y amenazante;

 » No se quede callado, denuncie todo acto de violencia de ese tipo, incluso aunque no tenga que ver directamente con Usted.;

Fuente: Campaña “Libres e Iguales” Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/Violence-Factsheet-Esp.pdf 

martes, 8 de febrero de 2022

Atacan con arma blanca a Elvin Guanda defensor LGBTIQ+

 


El 08 de febrero de 2022, el defensor de los derechos humanos Elvin Guanda Coordinador del Programa Salud Entre Panas de Venezuela Diversa, fue acosado, atacado y herido con arma blanca en su mano izquierda por uno de tres sujetos desconocidos que lo abordaron repentinamente, mientras se encontraba en una parada de autobuses en la Avenida Intercomunal del Valle en Caracas, el hecho ocurrió a pasada las 05:00 am cuando se trasladaba a realizar su labor de acompañamiento de pacientes afectados con VIH y SIDA que asisten al Hospital Clínico Universitario de Caracas.

Guanda pudo salir corriendo para ponerse a salvo de los tres agresores, quienes no lo despojaron de sus pertenencias, luego asistió al servicio médico donde recibió primeros auxilios y le suturaron la herida causada por el arma blanca en su mano y hombro derecho.


jueves, 14 de octubre de 2021

Migrantes LGBTQ venezolanos en Colombia luchan por sobrevivir.

De izquierda a derecha: Dannys Torres y su pareja, Edgar García , en un centro comercial en Bogotá, Colombia, el 21 de septiembre de 2021 (foto de Washington Blade por Michael K. Lavers)
Edgar García y su pareja, Dannys Torres, el 3 de octubre de 2018, utilizaron una canoa para cruzar el río Arauca que marca la frontera entre Venezuela y Colombia.

García fue miembro de la junta directiva de Alianza Lambda de Venezuela, un grupo venezolano de derechos LGBTQ, antes de huir de Venezuela. Torres trabajó como peluquero en Caracas, la capital venezolana.

La pareja ahora vive en Rafael Uribe Uribe, un barrio de clase trabajadora en Bogotá, la capital colombiana. 

Torres sigue trabajando como peluquero. García trabajó más recientemente para una empresa de telecomunicaciones.

“Estamos instalados aquí en Bogotá”, dijo García al Washington Blade el 21 de septiembre durante una entrevista con él y Torres que tuvo lugar en un centro comercial cerca de su casa. "Tienes tu vida aquí".

García y Torres son dos de los más de 5,4 millones de venezolanos que, según la Plataforma de Coordinación para Migrantes y Refugiados de Venezuela, abandonaron su país a partir de noviembre de 2020 debido a la crisis económica y política en curso.

Las estadísticas del gobierno colombiano indican que actualmente hay más de 1.7 millones de venezolanos en el país. Más del 50 por ciento de ellos vive en Bogotá y los departamentos de Norte de Santander, Atlántico y Antioquia.

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció en febrero que el país reconocería legalmente a los migrantes venezolanos que estén registrados con el gobierno.

Fuentes en Colombia con las que ha hablado The Blade dicen que es probable que haya muchos más migrantes venezolanos en el país de lo que indican las estadísticas oficiales. Los migrantes venezolanos LGBTQ y / o que viven con el VIH siguen siendo desproporcionadamente vulnerables a la discriminación y la violencia y, a menudo, carecen de acceso a la atención médica y al empleo formal.

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