La conmemoración al asedio a la embajada de Cuba en 2002 sirvió como punto de partida para que el pasado viernes 13 de abril el Canciller Nicolás Maduro, en compañía de Robert Serra Diputado de la Asamblea Nacional (PSUV), Cilia Flores Procuradora General de la República (PSUV) y Maripili Hernandez Ministra de la Juventud (PSUV), en plena concentración pública se refiriera a los que liderizaron tales acontecimientos como “sifrinitos, mariconsotes y fascistas” descripciones cargadas de odio y agresividad que siguen dando paso a la violencia política e incluso a la persecución de persona o grupos sociales en base a la orientación sexual o identidad de género real o percibida de estas.
Este tipo de declaraciones se convierten en un problema institucional a ser tomado en cuenta cuanto antes, porque quienes mandan este tipo de mensajes a la sociedad son los actores políticos acrecentando el ciclo de violencia, ataques y odio de unos contra otros, justamente ahora que están en campaña electoral, lo que puede conducir a sus seguidores a intensificar las situaciones de odio, fanatismo, hostigamiento y conflicto, por un lado por la deshumanización y descalificación del adversario político y por el otro por el hecho de justificar moralmente acciones homofobicas contra las personas y grupos LGBTI debido a la vinculación directa de las distintas orientaciones sexuales e identidades de género con dicha contienda política partidista.
Vemos con preocupación como las declaraciones y posiciones políticas de corte homofóbico, y más cuando provienen de funcionarios y funcionarias del Estado, promueven la deslegitimación de otras orientaciones sexuales distintas a la heterosexual, incrementan la segregación y criminalización de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, apuntan a la deshumanización, estimatización y discriminación institucional y social, e incrementan los niveles de atraso y deuda social acumulada con el sector LGBTI por parte del Estado Venezolano.
Consideramos que un dirigente político en el ejercicio de funciones públicas debe actuar con absoluto respeto a la dignidad de todas las personas y con apego a los valores superiores del ordenamiento jurídico y las competencias propias de sus funciones dentro del poder público nacional.
Instamos a los dirigentes políticos de todos los sectores a ajustar sus actuaciones y posiciones a los valores humanistas, democráticos, multiétnicos, pluralistas, de responsabilidad, justicia e inclusión social con equidad y sin discriminaciones para la avanzar en construcción de una sociedad más justa.
Este tipo de declaraciones se convierten en un problema institucional a ser tomado en cuenta cuanto antes, porque quienes mandan este tipo de mensajes a la sociedad son los actores políticos acrecentando el ciclo de violencia, ataques y odio de unos contra otros, justamente ahora que están en campaña electoral, lo que puede conducir a sus seguidores a intensificar las situaciones de odio, fanatismo, hostigamiento y conflicto, por un lado por la deshumanización y descalificación del adversario político y por el otro por el hecho de justificar moralmente acciones homofobicas contra las personas y grupos LGBTI debido a la vinculación directa de las distintas orientaciones sexuales e identidades de género con dicha contienda política partidista.
Vemos con preocupación como las declaraciones y posiciones políticas de corte homofóbico, y más cuando provienen de funcionarios y funcionarias del Estado, promueven la deslegitimación de otras orientaciones sexuales distintas a la heterosexual, incrementan la segregación y criminalización de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, apuntan a la deshumanización, estimatización y discriminación institucional y social, e incrementan los niveles de atraso y deuda social acumulada con el sector LGBTI por parte del Estado Venezolano.
Consideramos que un dirigente político en el ejercicio de funciones públicas debe actuar con absoluto respeto a la dignidad de todas las personas y con apego a los valores superiores del ordenamiento jurídico y las competencias propias de sus funciones dentro del poder público nacional.
Instamos a los dirigentes políticos de todos los sectores a ajustar sus actuaciones y posiciones a los valores humanistas, democráticos, multiétnicos, pluralistas, de responsabilidad, justicia e inclusión social con equidad y sin discriminaciones para la avanzar en construcción de una sociedad más justa.
* Yonatan Matheus Director General de Venezuela Diversa.
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