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sábado, 25 de abril de 2020

Activistas gays: Si nos quedamos en Venezuela, nos matan*.


Un gesto delata a Wendell. No puede evitar sacar las llaves de la casa mucho antes de llegar a la puerta. Su primera mañana en Nueva York escondió el celular en su ropa interior. Yonatan lo abrazó y le dijo: Quédate tranquilo que aquí nadie nos va a meter un quieto.

En su mente aún sonaban las amenazas, dichas a través del hilo telefónico: ¿De qué quieres la urna, de latón o de caoba?”. Aún dolían los golpes de aquella noche de febrero cuando a Yonatan le cayeron a “peinillazos” y le advirtieron: Si sigues jodiendo vamos a ir a por lo que más quieres, por la mariquita esa que vive contigo.

El lunes 25 de abril de 2016 Wendell y Yonatan llegaron Nueva York procedentes de Caracas. Esa noche durmieron en un hostal en el barrio de Chelsea en Manhattan. Conciliaron el sueño más tranquilo que de costumbre, aunque apenas llevaban dinero para sobrevivir unos días. El martes 26 salieron a dar una vuelta de reconocimiento. Miraban los anaqueles del supermercado y bromeaban sobre los productos alimenticios que tenían tiempo sin ver. Intentaban pensar qué hacer con sus vidas.

Ambos han dedicado buena parte de sus años a la causa de los derechos de la población LGBTI en Venezuela. A través de la ONG Venezuela Diversa se enfocaban en los temas relacionados con actos de violencia sufridos por miembros de esta comunidad, discriminación, abuso policial y violaciones a los derechos de las personas trans, que se desempeñan como trabajadoras sexuales.

 Sus denuncias sobre la situación que viven las mujeres trans que trabajan en la avenida Libertador en Caracas y zonas aledañas -sobre la mafia que maneja la zona, integrada por funcionarios policiales, colectivos armados e incluso por transexuales-, les generaron varios enemigos. Su activa participación para que se esclareciera el caso de homicidio de dos mujeres trans, atribuido a una banda liderada por otra trans apodada “La Prince”, así como la visibilización de casos de criminalidad y violencia policial los pusieron en un peligroso radar.

Si nos quedábamos en Venezuela, nos mataban”, afirman con una voz sin pesares, aunque la mirada de Yonatan brilla como si tuviera mil cosas más qué decir.

Recibieron varios avisos

En julio de 2014, un par de hombres vestidos de civil y con armas -a quienes Yonatan identificó como oficiales- los interceptaron en La Candelaria, cuando iban a visitar a un familiar de Wendell. Les arrebataron los teléfonos y se despidieron con el siguiente mensaje: Si los vemos hablando con los maricos en la Libertador, los vamos a matar. Denunciaron el hecho ante la Unidad de Atención a la Víctima, en el Ministerio Público y nunca recibieron respuesta.


En marzo de 2015 al regresar a Venezuela, luego de un viaje que hicieron a Estados Unidos (para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los ataques de los que habían sido víctimas y la situación de las personas con VIH), fueron recibidos con una inspección exagerada, los funcionarios los llevaron a un cuarto para interrogarlos y al salir rumbo a Caracas, fueron seguidos por unos individuos desde el aeropuerto de Maiquetía. Una vez más denunciaron y la causa fue desestimada.

Las llamadas a sus teléfonos se repetían. Desde el otro lado una voz les preguntaba: De qué quieres la urna…

La advertencia final los hizo decidirse. A finales de febrero de 2016, Yonatan iba para su apartamento, ubicado en la avenida San Martín. Era casi de madrugada. Él regresaba de hacer un recorrido para distribuir preservativos en la avenida Libertador. Dos funcionarios de la Guardia Nacional lo sometieron. Le dieron peinillazos y lo amenazaron: Si sigues sapeando, vamos a ir por la mariquita que vive contigo.

Ya sabían dónde vivíamos, estábamos como quien dice ‘ubicadísimos’; era un riesgo, si no nos paraba la policía, las bandas lideradas por La Tatiana y La Maracucha lo harían. Logramos recibir el apoyo de varios colegas defensores de DDHH que nos brindaron apoyo para comprar pasajes y poder conseguir algo de dinero para vivir estos meses”.

Así, esta pareja de homosexuales se ha ubicado temporalmente en Nueva York. Intentan adaptarse a un entorno que los ha acogido bien, pero aún no manejan el idioma. Sin embargo, la vocación sale a flote.

Estar en una situación un poco ambigua. porque no puedes trabajar o desenvolverte como lo puedes hacer en tu país, se convierte en un enorme desafío, pero realmente lo que me preocupa es ver como jóvenes venezolanos con VIH se están viniendo a EEUU para poder buscar una mejor calidad de vida, donde no se les persiga por el hecho de ser gay, y para poder acceder a los medicamentos para el  VIH Sida, porque en Venezuela eso no  lo tenemos”, dice Yonatan.

Un problema mayor

La primera vez que los vi fue el 4 de mayo de 2016, en la Iglesia La Guadalupe. Asistieron a la reunión semanal de Diálogo por Amor a Venezuela, grupo que coordinan Robert González y Samuel Moret, y que busca integrar a los venezolanos que cada vez en mayor medida llegan a Nueva York.

Para aquel momento no tenían un lugar propio donde dormir, aunque una mano amiga les lanzó un “bote salvavidas”.
La segunda vez que hablamos, estaban buscando cómo regularizar su situación con una estadía temporal.

La penúltima vez que los veo en Nueva York ya son voluntarios en la oficina del Orgullo Latino, que atiende a la población LGBTI. Viven en un refugio de la ciudad. Se alimentan gracias a un programa público y pese a no estar del todo felices, no se dan tiempo para la queja.



Criado en la población de Carayaca, Yonatan Matheus, de 35 años fue religioso carmelita. Estudió Filosofía en la Universidad Católica Andrés Bello y Trabajo Social en el Colegio Universitario de Caracas, (CUC) del cual egresó en 2015.

Mis vivencias como carmelita me hicieron comprometerse con valores sociales, sobre todo dar un aporte para transformar situaciones. Luego de salir de esta institución, me dediqué a trabajar con personas portadoras de VIH en una organización que se llama Ases de Venezuela. Como promotor de salud, empecé a tener muy de cerca la situación que vivían los hombres gays y las personas trans, especialmente la discriminación”.

Hace aproximadamente cinco años, fundamos con otros compañeros Venezuela Diversa, para defender los derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela. Trabajamos con población de mujeres trans en la avenida Libertador en la prevención del VIH, el tema de la violencia policial y exclusión. Estando con esa comunidad, empezamos a visibilizar los crímenes de odio, las prácticas de extorsión por parte de funcionarios policiales y otras personas trans”.

Las denuncias de Yonatan a través de Venezuela Diversa lo colocaron en una situación complicada. Por una parte, los delincuentes organizados, en connivencia con efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, y por el lado algunos grupos LGBTI afines al Gobierno los catalogaban de apátridas por revelar la situación internacionalmente.

Solo por haber declarado en un medio de comunicación que una persona había sido muerta luego de recibir 37 puñaladas o a balazos. Decir esto nos generó persecución y pocos amigos”.

El caso de Wendell Oviedo es parecido. Tiene 24 años. Es oriundo de Boconó, estado Trujillo. Comenzó a estudiar Geografía en la UCV (cursó siete semestres) y paralelamente Trabajo Social, en el CUC, de donde egresó en 2015. Allí se encontraría nuevamente con Yonatan, con quien se había topado varios años antes.

Fue en 2009 cuando funcionarios de la PNB lo detuvieron por ser gay. En aquella ocasión conoció a Yonatan, quien por intentar evitar la acción policial también fue detenido. Cuando la policía se dio cuenta que Yonatan era un activista, lo sacaron de la patrulla, por “sapo”.

Nos decían: Maricones, ustedes tienen que llevar palo para que dejen de ser maricos. Me metían un rolo por la boca y me decían: tienes que dejar de ser marico” cuenta Wendell.

Una de las cosas por la que yo me sentía bien en Caracas es porque salí de mi pueblo, donde hay más etiquetas. Allí hay más personas trans y son señaladas. Desde pequeño, yo veía como se burlaban de ellas. Nunca me identifiqué con un género distinto al mío, pero me preguntaba cómo se sentirán ellas… Eso hiere”.

Pese a los ataques por su orientación sexual, Wendell se dedicó a trabajar en Derechos Humanos. “Quería hacer algo, ayudar con mi voz a que esas cosas no pasen”.

Barreras y retos

Yonatan y Wendell han empezado a estudiar inglés. Luego de dos semanas hospedados en casa de un paisano, fueron acogidos en un refugio de la ciudad.

Allí conviven con personas con VIH, sin techo, personas recién salidas de la cárcel. Cuando toca este tema, Yonatan se muerde la lengua. No quiere hablar mucho al respecto.

Estando acá pude valorar todas las cosas que tenía en Venezuela, pero al menos aquí tengo la certeza de que no me van a matar, que no me iban a estar persiguiendo por expresar mis ideas, por levantar mi voz en contra de un Gobierno que se aleja del mandato de la Constitución” dice.

Por su parte, Wendell habla de lo necesario de estar acompañado. “No es lo mismo estar solo, las reacciones cada vez que nos encontramos con un compañero que es de Venezuela es de mucha alegría. Es muy grato poder decir “cambur y no banana”.

Ahora camina tranquilo. “Ya no ando pendiente de que me van a atracar”. Pero siempre saca las llaves mucho antes de llegar a donde vive. Es un hábito desarrollado en Caracas por la alta tasa de delincuencia.

Yonatan recuerda los consejos de su madre, que conocedora de su orientación sexual le decía siempre: “Cuídate hijo, no te vayan a matar”.

Ser gay y trans en Venezuela puede significar sufrir por vivir con VIH Sida o que te maten” afirma.

Mientras esperan para saber qué harán con sus vidas, ambos intentan mantenerse optimistas y ocupados.

Queremos servir de apoyo a los compañeros venezolanos que están llegando. Queremos poder ir articulando el fortalecimiento de algún grupo de venezolanos LGBTI migrantes y ayudar a otros compañeros que no tienen la posibilidad de venirse. Y seguir aportando porque en Venezuela hay mucho por hacer”.

*Texto de Luz Maly Reyes periodista, directora y cofundadora del medio digital Efecto Cocuyo.​
  Publicado en 01 agosto 2016

lunes, 20 de abril de 2020

La CIDH llama a los Estados a garantizar los derechos de las personas LGBTI en la respuesta a la pandemia del COVID-19

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19), hace un llamado a los Estados a garantizar los derechos de igualdad y no-discriminación de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), en las medidas de atención y contención adoptadas, en particular asegurar el acceso de estas personas a servicios de salud y programas de atención social con una perspectiva de seguridad humana integral.

Preocupa a la CIDH que algunas de las disposiciones adoptadas en los Estados de la región en respuesta a la pandemia pueden conllevar riesgos para los derechos de las personas LGBTI o aquellas que son percibidas como tales, y derivar en actos de discriminación y violencia basados en el prejuicio. En ese marco, la Comisión tuvo noticia sobre medidas adoptadas por algunos Estados con el objeto de señalar días específicos para la libre circulación de las personas, diferenciando entre mujeres y hombres, lo que de suyo resulta discriminatorio en contra de las personas trans y de género diverso, y puede generar otros actos de esa naturaleza.

Lo anterior, debido a que, por lo general, estas medidas de contención no establecen protocolos claros para la circulación de dichas personas, ni lineamientos para la actuación de las fuerzas de seguridad en caso de que los documentos de identificación personal no correspondan a la identidad o expresión de género de las personas. La Comisión destaca, por ejemplo, que el Decreto Supremo 057-2020-PCM de Perú prorrogó el estado de emergencia y había establecido días específicos para la circulación de mujeres y varones. Si bien este decreto, que fue derogado el 11 de abril de 2020, contenía una cláusula de prohibición de la discriminación, no preveía el respeto a la identidad y/o expresión de género en su contenido y, a pesar de las aclaraciones realizadas por altas autoridades relativas a que no debía discriminarse a las personas trans en este contexto, durante su vigencia, se produjeron actos que preocupan a la CIDH.

En esa línea, la Comisión tomó nota, con consternación, de que mujeres trans detenidas por las fuerzas de seguridad en observancia de estas restricciones en Perú sufrieron abusos físicos y verbales por parte de agentes del orden público; incluso, fueron obligadas a repetir frases que niegan su identidad de género autopercibida, tales como “quiero ser hombre”.

En similar sentido, la CIDH tuvo conocimiento de que, en Panamá, una mujer trans defensora de derechos humanos fue detenida por la policía mientras entregaba bolsas de alimentos a personas en situación de pobreza. La detención se produjo en un día reservado para la circulación de mujeres, bajo el argumento de que la cédula de identidad de la persona detenida reflejaba el género masculino. Finalmente, la mujer fue conducida a los tribunales y sancionada con una multa de cincuenta dólares, a pesar de haber explicado a las autoridades su identidad y expresión de género.

Al respecto, la Comisión ha manifestado en distintas oportunidades que la policía y otras fuerzas de seguridad de los Estados de la región, a menudo, comparten las mismas actitudes y prejuicios contra personas LGBTI que prevalecen en la sociedad en general. Considerando las funciones que la policía y otras fuerzas de seguridad cumplen durante la vigencia de las medidas de contención, la CIDH llama a los Estados a adoptar políticas de sensibilización dirigidas a las fuerzas del orden público y a las autoridades judiciales en materia de identidad y expresión de género, que tomen en cuenta que las personas trans y de género diverso, frecuentemente, no cuentan con un documento de identificación personal que refleje de manera adecuada su identidad y/o expresión de género.

Asimismo, la Comisión llama a los Estados a emitir pronunciamientos públicos de categórico rechazo a cualquier acto de discriminación basado en orientación sexual, identidad o expresión de género de las fuerzas de seguridad en sus intervenciones a civiles. En casos de denuncias de actos de violencia o discriminación contra personas LGBTI, o que son percibidas como tales, la Comisión recuerda a los Estados su deber de observar la debida diligencia en la conducción de investigaciones y procesos, tanto judiciales como administrativos, que resulten en la sanción de la conducta. Sobre eso, la CIDH saluda las investigaciones conducidas por la Policía Nacional del Perú que han resultado en sanciones a los agentes involucrados en algunos actos de discriminación contra personas trans y exhorta a que el Estado continúe en este esfuerzo. Además, la CIDH toma nota de que las medidas de circulación diferenciada fueron derogadas en Perú, por no haber alcanzado su objetivo de distanciamiento social.

Además, la Comisión reitera su recomendación de garantizar mecanismos legales sencillos y expeditos que posibiliten a toda persona registrar y/o cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad como la imagen, o la referencia al sexo o género, de una manera prioritaria durante la pandemia.

Por otro lado, la Comisión ha llamado la atención reiteradamente sobre la situación de pobreza que afecta a personas LGBTI, caracterizada por exclusión social y altas tasas de falta de vivienda, lo que les empuja hacia la economía informal y a participar en el trabajo sexual. Las personas trans, en particular, enfrentan altas tasas de exclusión de las oportunidades de generación de ingresos y de acceso a programas de bienestar social y servicios de salud. En este sentido, la CIDH ha recibido información de mujeres trans y trabajadoras sexuales que continúan desarrollando sus actividades aún el contexto de la contención del COVID-19, debido a que no cuentan con otras fuentes de ingreso.

La Comisión recibió la información de que, con la suspensión de servicios de hospedaje como medida de contingencia de la emergencia sanitaria, algunas mujeres trans en la Ciudad de México han sido desalojadas de los hoteles en donde, además de vivir, ejercían el trabajo sexual, lo que les ha dejado en situación de calle y, consecuentemente, en una condición de grave vulnerabilidad. Sin embargo, en atención a la información aportada por el Estado de México, la CIDH toma nota las acciones que ha tomado la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México, para la atención y protección de las poblaciones en condiciones particulares de vulnerabilidad, incluyendo apoyos económicos para trabajadoras sexuales y personas en situación de calle.

Por otro lado, la Comisión nota que las personas LGBTI que han formado núcleos familiares, a menudo, no gozan del reconocimiento legal que garantice el control de sus recursos económicos o el acceso a beneficios de seguridad social. Aunado a ello, la CIDH resalta que las personas mayores LGBTI suelen ser invisibilizadas en la formulación de políticas sociales, lo que incrementa su situación de vulnerabilidad durante la pandemia.

En atención a lo anterior, la Comisión insta a los Estados a garantizar el acceso de las personas LGBTI a programas de atención social con una perspectiva de seguridad humana integral. De manera particular, la CIDH llama a los Estados a garantizar un refugio seguro, acceso a alimentos y medicamentos para las personas LGBTI en situación de calle, particularmente, tomando en cuenta a las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Además, la Comisión llama a los Estados a incluir a las personas LGBTI como beneficiarias de las eventuales medidas de reactivación económica adoptadas para mitigar los impactos del COVID-19.

En cuanto al acceso a servicios de salud, según informes recibidos por la CIDH, las personas LGBTI que buscan atención médica en varios Estados miembros de la OEA enfrentan maltrato, hostigamiento, violencia física y la negativa de atención médica necesaria por parte de profesionales de la salud. Sobre eso, la Comisión toma nota con particular preocupación de la información de hospitales pertenecientes o administrados por grupos religiosos, que estarían negando el acceso al tratamiento del COVID-19 a las personas de orientación sexual e identidad y/o expresión de género diversas.

Además, la Comisión toma nota de que las personas con posibles afectaciones en sus sistemas inmunológicos, incluyendo las personas LGBTI que viven con VIH o que han desarrollado SIDA, pueden ser impactadas de manera particular por el coronavirus, en caso de no garantizarse su acceso a fármacos antirretrovirales de manera ininterrumpida durante la pandemia. Por otro lado, la CIDH nota que, en algunos Estados de la región los varones gay y bisexuales enfrentan restricciones para donar sangre, lo que tiene impacto en el sistema de salud en general.

En ese orden, la Comisión hace un llamado a los Estados a garantizar el acceso a servicios de salud de las personas LGBTI en observancia del derecho de igualdad y no-discriminación, principalmente durante la pandemia, incluyendo la continuidad en la distribución de antirretrovirales para las personas que viven con VIH. Así también, la CIDH reitera que el respeto a la identidad de género debe prevalecer, incluso, en el ámbito hospitalario, por lo que llama a los Estados a adoptar o fortalecer sus políticas en esta materia y garantizar la continuidad de servicios prestados a las personas trans.

Por último, la Comisión resalta que las medidas de distanciamiento físico implementadas para la contención de la pandemia implican que las personas LGBTI, o que son percibidas como tales, incluyendo niñas, niños y adolescentes (NNA), permanezcan en sus hogares durante períodos prolongados. Como ha sido indicado por la CIDH anteriormente, niñas, niños y adolescentes LGBTI a menudo enfrentan el rechazo de sus familias y la comunidad, quienes desaprueban su orientación sexual e identidad de género, lo que les sitúa en una condición particular de vulnerabilidad. Además, no escapa de la atención de la Comisión que muchas personas, incluyendo NNA, han sido obligadas a abandonar sus hogares por razón de prejuicios contra su orientación sexual, identidad o expresión de género.

Por ello, la Comisión exhorta a los Estados a adoptar o fortalecer protocolos de atención y sistema de denuncias para las personas LGBTI, incluyendo NNA; y que tomen en cuenta el prejuicio, la discriminación y la violencia que pueden padecer en sus hogares en el contexto de la pandemia, garantizando el refugio seguro de las personas que han sido expulsadas u obligadas a abandonar sus hogares.

Finalmente, la CIDH, reconociendo los desafíos sin precedentes que enfrenta actualmente la región y comprendiendo la necesidad de los llamados de la comunidad científica internacional para la adopción de medidas de distanciamiento físico, recomienda que los Estados incluyan a las personas LGBTI en la formulación de sus políticas de contención social y de apoyo económico, en observancia de sus obligaciones internacionales de garantía de la igualdad y no-discriminación.

En atención a lo anterior y considerando las medidas de contención de la pandemia del COVID-19 en el marco de los derechos de las personas LGBTI, la CIDH reitera las recomendaciones contenidas en la Resolución No. 01/20, numerales 68-71. De manera complementaria, recomienda a los Estados:

1. En cuanto a la inclusión de las personas LGBTI en las políticas de asistencia social durante la pandemia, garantizar que las personas LGBTI en situación de calle y las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual sean beneficiarias de las medidas adoptadas.

2. Fortalecer los sistemas nacionales de protección de la niñez y adolescencia, reconociendo la particular vulnerabilidad de los NNA que han sido expulsados u obligados a abandonar sus hogares por razón de prejuicios contra su orientación sexual, identidad o expresión de género.

3. Garantizar la continuidad en la distribución de antirretrovirales para las personas que viven con VIH y la atención integral en salud a las personas trans, observando el derecho de igualdad y no-discriminación.

4. Sensibilizar y capacitar, inclusive por medios de formación digital, a las fuerzas del orden público y autoridades judiciales en materia de identidad y expresión de género, para prevenir actos de discriminación y violencia en los controles policiales implementados dentro de los estados de excepción a causa del COVID-19.

5. Emitir pronunciamientos públicos de rechazo a los actos de discriminación o violencia causados por fuerzas de seguridad, así como investigar y sancionar estos actos en observancia del deber de debida diligencia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Nota de Prensa No. 081/20 / 

sábado, 11 de abril de 2020

CIDH adopta Resolución sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas.

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó hoy la Resolución No. 01/20 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. La CIDH decidió elaborar esta Resolución ante la emergencia sanitaria global sin precedentes que enfrentan las Américas y el mundo, ocasionada por la rápida propagación global del virus COVID-19, declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Resolución se ha realizado bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos.

Esta Resolución es una aproximación integral de la Comisión sobre la situación de la pandemia en la que se recogen los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se formulan un conjunto de recomendaciones a los Estados de la región para abordar el enfrentamiento al COVID-19 desde el enfoque de derechos humanos. En efecto, la CIDH emite estas recomendaciones como órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y en ejercicio del artículo 106 de la Carta de la OEA, el artículo 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18.b de su Estatuto.

La Resolución es uno de los principales resultados de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19), instalada el 27 de marzo del 2020. La misma hace un llamado a los Estados Miembros de la OEA a adoptar inmediata y transversalmente el enfoque centrado en los derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica que se formulen, los cuales deben estar apegados al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos, particularmente los DESCA; asegurando el funcionamiento de los Poderes Públicos del Estado. Asimismo, la Resolución señala que las medidas que resulten en restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios «pro persona», de proporcionalidad, temporalidad, y deben procurar el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral.

Es importante resaltar que un apartado especial de las recomendaciones se refiere a los grupos en especial situación de vulnerabilidad como las personas mayores, las personas privadas de libertad, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas en situación de movilidad humana, los niños, niñas y adolescentes, las personas LGBTI, las personas afrodescendientes y las personas con discapacidad. En ese sentido, la Comisión destaca que al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados o en especial vulnerabilidad.

“Con esta Resolución queremos aportar, desde nuestro mandato, a los esfuerzos que se están realizando desde los gobiernos y la sociedad en la protección de los derechos humanos de todas las personas. Entendemos que el COVID-19 se presenta de manera distinta en cada país y observamos que las respuestas también han sido diferentes. En cualquier caso y por su propia naturaleza, las acciones estatales deben estar centradas en las personas. Toda acción de gobierno debe emprenderse para garantizar y proteger los derechos humanos” señaló el Comisionado Joel Hernández, Presidente de la CIDH.

Por su parte, Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la CIDH, destacó: “Este documento es una contribución esencial de la CIDH, desde su SACROI COVID-19, donde se pone a disposición de los Estados para seguir cooperando técnicamente en la defensa de los derechos humanos en el hemisferio”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Fuente Comunicado de Prensa No.073/20

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